Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo

Europäische Vereinigung zum Schutz der Konsumenten,
spezialisiert auf Urbanismus

European Association to protect the Consumers, specialized of Urbanisme


Arquitectos y Urbanismo ilegal en el medio rural

AECU denuncia en este acto a todos los arquitectos que hayan proporcionado su colaboración profesional (proyecto técnico, certificado final de obra, certificación de que lo construido se ajusta al proyecto que obtuvo la licencia (real, inexistente o falsa) y cualquier otro auxilio profesional que ayude a los especuladores a consumar sus planes, logrando primero vender a través de seudoinmobiliarias incompetentes, y luego escriturar ante notario, y finalmente la inscripción por el registrador. El ciudadano actúa de buena fe creyendo que estos ilustres profesionales le protegen de ilegalidades. AECU ha constatado y denuncia que son casi todos cómplices y siguen “ad nutum” el juego sucio del especulador. Denuncia igualmente al propio Colegio de Arquitectos de Alicante por haber ignorado las denuncias y reclamaciones, verbales y por escrito, de AECU desde 1996 hasta octubre 2006 y le acusa de pasividad, de corporativismo encubridor, de dejación de funciones de control deontológico sobre sus miembros. Por contra elogiamos la buena reacción del nuevo Decano de Arquitectos de Valencia Juan Castillo Carpio. Y agradecemos la cita por fín del Colegio para oir a AECU. Tarde, pero gracias.

No se trata de una ínfima minoría de ovejas negras que prescinden de la legalidad y del Colegio. Sólo en Catral hay al menos 1.170 viviendas ilegales que ni siquiera solicitaron licencia municipal de obra ni autorización previa para chalé, y que sin embargo encontraron un arquitecto dispuesto a redactar el proyecto, a firmar certificados, y quizá a no visar en el Colegio, es decir, participaron de forma activa y determinante en las ilegalidades. AECU piensa por tanto que la gran mayoría de técnicos que intervienen en la construcción, escrituración y registro de todas las viviendas ilegales son conocedores, cómplices y colaboradores de los infractores. ¡Convénzanme que estoy equivocado! Pondré sólo 5 ejemplos de irregularidades:

Primer ejemplo: Ary, holandés y miembro de la Ejecutiva de AECU, creía comprar una parcela de 10.034 m2 en Catral con una casa de ensueño entre naranjos a construir por el sedicente promotor y constructor J. A.R. Ary creía ser mero adquirente consumidor. Y que JAR era promotor y constructor. Luego resultó que ni siquiera era titular de Marvitrans SL la mercantil constructora, que está a nombre de F. y A. e Hijos SL está a nombre de otros hijos que nunca firman nada. El arquitecto es José Ramón Navarro Gómez Pardo (Orihuela, city de la Vega Baja siciliana). Ary les mostró una casa modelo, hizo un esbozo con leves modificaciones y lo entregó para que el arquitecto le proyectara la casa de sus sueños por la que pagó en 1999 30 millones de pesetas. Sin embargo arquitecto y constructor no hacen ni caso y fabrican una casa distinta, plagada de gravisimos vicios de construcción, y firman falsamente con el nombre de Ary como “promotor”. Dos Cías de Seguros y dos peritajes de arquitectos la califican como “inhabitable”,”en ruina total”,y la reparación supera el 50% del valor actual de la misma. Ary reclama, A. se ríe de él y propala que la casa es todavía suya porque no ha escriturado,porque Ary exige antes subsanacion de defectos que A. rehusa. Ary se hace socio de AECU y a través nuestro descubre: que no había licencia de obra, ni autorizacion previa de consellería, ni 10.000 m2 asegurados, y que en ciertos papeles alguien firmaba falsamente con el nombre de Ary como adquirente y “promotor”, y que pedian licencia de obras y luz para “almacen agricola”!. Preguntado el arquitecto por qué no respetaron la voluntad y las órdenes de Ary adquirente y “promotor”, arquitecto y colegio replicaron que no tenían nada que hablar con él porque el arquitecto contrató con A. Sin embargo el arquitecto escribe en su proyecto que el promotor es Ary. Pero nunca habló con él, ni le entregaron ejemplares originales del proyecto, ni tuvieron nunca en cuenta su esbozo inicial ni sus reclamaciones por defectos. Ary y AECU han arrancado de la Administración y demás sujetos una parcela de 10.000 m2, licencia de obra legal, autorización previa del Consell, y poco más, pues todo el resto siguen siendo ilegalidades y carencias irreparables. Promotor, Arquitectos, Ayuntamiento, Iberdrola y Aquagest han actuado durante años en contubernio y beneficio de los infractores denegando información, relación directa y contratos legales, numero de policia para la casa de Ary, y otros servicios (correos, etc), que en cambio sí han prestado dócilmente desde el primer día al resto de viviendas ilegales sin duda previo pago del sobrepecio convenido por el “favor” prestado.

Los arquitectos son profesionales y expertos en la materia. Saben distinguir entre comprador, promotor y constructor. Deben conocer las obligaciones y derechos de cada uno. Y la legalidad aplicable. Saben que el comprador es un profano, pero es el que paga, encarga y elige la casa. Cuando el adquirente es además promotor, sólo éste y el arquitecto pueden dar instrucciones, y poner o quitar contratista o constructor. El arquitecto debió hablar con Ary, y ambos dar ordenes al constructor A. obligándole a respetar la voluntad del comprador, la ley y la lex artis. El arquitecto debía vigilar también la calidad de la ejecución. Debía atender la voluntad y reclamaciones del comprador convertido en promotor sin saberlo. No hizo nada de todo esto. Por eso la vivienda es hoy inhabitable, una ruina total. El arquitecto se confabuló de hecho con el constructor A. causando gravisimos daños irreparables al adquirente-consumidor. Debería ser expedientado y responder de los daños y presuntos delitos de falsedad en documento público y demás fraudes que se descubran. Su seguro debía responder. El Colegio debió ser mas sensible a las quejas.

Segundo ejemplo: La pareja finlandesa Sainio-Sellgreen, socios de AECU, vino a reclamar porque la cocina no era la pedida y además la Promotora Sol Catral SL de Alberto López Ruiz y Fco-José Fenoll Ferrández llevaba varios meses de retraso en terminar y entregar la vivienda en parcela de 2000 m2 en la huerta de Catral por la que pagó 281.000 €!. En una parcela rural de sólo 8.000 m2 el promotor construyó 4 chalés de unos 135 m2 construidos declarados en escritura como propiedad en pleno dominio y el resto de parcela hasta 2000 m2 como terreno de uso exclusivo, pero copropiedad o elemento común de una inventada comunidad de 4 propietarios, ideada por el agudisimo notario Antonio Botía Valverde, de Callosa, que confesaba con una pizca de rubor y mucho orgullo ser un aguila y “el mejor experto en la materia no solo en esta zona, sino quizá en toda España”(sic). ¿Experto en qué? En buscar trucos para legalizar lo ilegal. Estaríamos ante ilustres agentes del derecho convertidos en brillantes lepismas de la ley. Al Notario le ayudaron. Utilizó un Certificado falso del arquitecto M.A.M.S., concejal del PP en Redovan, col. nº 5.165 en la C. Valenciana donde afirma el día 15-7-04 que la vivienda de Sainio “tiene una antigüedad superior a 4 años” cuando el dia 13-01-05 ocho personas pudimos verificar que aún faltaban 4 meses para terminarla! AECU ha constatado que son las notarías y arquitectos quienes al inicio y al final de proceso especulador inventan y suministran a los infractores las fórmulas y picaresca legal necesaria para maquillar de legalidad las construcciones ilegales. Es un fraude a la ley, un fraude a los adquirentes-consumidores, huele a presunto delito de falsedad en documento publico y es un baldón para la profesión que el Colegio respectivo debería expedientar. AECU denuncia el hecho generalizado y exige de Gobiernos y Colegios medidas eficaces y pronto servirá algunos casos en bandeja a los hacedores de justicia.

Tercer ejemplo: La Sra Pilsner compra en 1999 en Pinar de Campoverde. Marcelino Trigueros promueve, construye y vende. Al escriturar la parcela en notaria terció otro señor a grito pelado diciendo esta parcela la he pagado yo. En efecto Marcelino había hecho una doble venta. El arquitecto José Montoro Tarazona hizo el proyecto para esa primera parcela que era llana, pero ahora el promotor le entregó otra parcela muy pendiente y era cosa de Marcelino y de Montoro adaptar el proyecto de la casa pedida por Pilsner a la nueva parcela. Pilsner cumple y paga. Marcelino incumple y es demandado en el juzgado. El arquitecto tambien incumple: pues el proyecto de ejecución material que presentó en el Ayuntamiento no era de la casa primera encargada por Pilsner, ni de la casa finalmente construida en la nueva parcela.Era de otra vivienda extraña. Pilsner quedó estupefacta, AECU se indignó y exigió al arquitecto que redactara y presentara el verdadero proyecto sin demora so pena de denuncia fulminante. Lo hizo y se atrevió a reclamar a Pilsner el pago adicional de este segundo proyecto. La deontología profesional debería considerar esto una indecencia. El Derecho de consumo prohibe cargar al consumidor las secuelas de los fallos del profesional. Pero el hecho es elocuente. Hay arquitectos que hacen eso. Y que copian y presentan el proyecto de casas anteriores para otras nuevas y diferentes. ¡Curiosa economía de escala! Multiplica el rendimiento laboral y sobre todo el lucro económico.

Cuarto ejemplo: En San Miguel de Salinas los hermanos E. y A. L. R. promovieron una urbanización “de lujo y alto standing” en suelo rústico, sin Plan General, sin Plan Parcial, sin ningún planeamiento aprobado, sin proyecto de urbanización, sin parcelación urbanística, sin licencia de obra legal, sin autorización previa de Consellería, sin cumplir ningún requisito legal de la Ley de suelo no urbanizable de 1997 ni de 2004. Estos promotores empiezan engañando al comprador mediante un claro fraude de ley: utilizan dos contratos del Código civil (de compraventa de parcela a un hermano) y de obra (con el otro hermano) con el fin de eludir las obligaciones urbanísticas y sus responsabilidades como promotores, pues convierten al comprador en “promotor” sin saberlo, a la vez que le deniegan todas sus facultades. Como arquitecto aparece Don Carlos Pascual Martínez.

Pues bien, estos seudopromotores han logrado embaucar a todos los compradores, menos dos, engañar a los arquitectos y notarios ¿de veras?, con documentos presuntamente torticeros para hacer autorizar e inscribir casi todas las viviendas como si fueran legales. En efecto se necesita licencia de obra municipal y certificado de arquitecto para escriturar, inscribir y declarar obra nueva y constituir en propiedad horizontal. AECU ha visto en la notaria las licencias de obra falsas usadas para Lago Azul. Luego los certificados no pueden ser limpios. ¿Quién ha hecho las licencias y certificados para las 20 viviendas de Lago Azul? Uno pregunta al colegio de arquitectos, a los notarios, y a los registradores ¿cómo es posible que el promotor logre proyectos de construción para viviendas o nucleos urbanos ilegales firmados por arquitectos y visados por su colegio? ¿O no fueron visados? ¿Y el certificado necesario para la inscripción del titulo de obra nueva? (RH art.45-47) ¿De donde ha salido la licencia que el Ayuntamiento niega haber otorgado? ¿Qué técnicos han suministrado el certificado exigido por el art. 49 para justificar los requisitos legales, o la nota registral de finalizacion (art.51), o la antiguedad superior a 4 años (art.52) ? La Ley del Suelo de Aznar art 22 dice: los Notarios exigirán para autorizar la escritura de obra nueva terminada o en construcción y los Registradores para inscribirla “que se acredite la concesión de la preceptiva licencia y la certificación por el técnico de finalización de la obra conforme al proyecto” que obtuvo la licencia. AECU pedirá al Juez que los Promotores, Arquitectos, Notarios y Registradores que aliñaron este desaguisado en Urb. Lago Azul sean condenados, pero...los posibles delitos “habían prescrito”!.

Quinto ejemplo: En el ayuntamiento de San Miguel AECU descubrió que el Ayuntamiento remitía Recibos de tributos locales a los ciudadanos donde mezclaba en el mismo impreso oficial una liquidación y requerimiento de pago de tributos locales, con reclamación de cantidades indebidas en derecho del consumo a favor del arquitecto privado Eduardo Miralles Palencia en concepto de honorarios por supuestas legalizaciones conseguidas por ese arquitecto que AECU conoce como fuente de numerosas irregularidades urbanisticas en todas sus construcciones. Ante la amenaza de AECU de procesar al Alcalde y Secretario y funcionarios implicados por la confusión y utilización de recursos y empleados públicos para negocios particulares, el Ayuntamiento anuló inmediatamente esos recibos, y emitió otros correctos sólo con los tributos municipales. Ese mismo arquitecto presionaba a los consumidores victimas de irregularidades en sus viviendas a pagarle cantidades que reclamaba el 23/10/1996 por hacer gestiones para legalizarlas (en Urbs.de Orihuela Costa) y mezclando otra vez tasas municipales con sus honorarios privados, sin duda para aprovechar la coacción pública legal que es legítima en la exacción de tributos. Además se ahorraba mano de obra. No parece una actuación propia de arquitecto honorable.

Otra fuente de males y de corrupción urbanística es que multitud de pequeños municipios, carentes de capacidad económica, personal y técnica, acuden a los servicios de arquitectos privados que trabajan además como profesionales autónomos o para promotores, y contaminan así la función publica con los intereses de negocio privado. Son intereses contradictorios. Eso lo ha visto AECU en Orihuela, en Torrevieja, en San Miguel, en Guardamar, en Algorfa, en Benejuzar, en Almoradó, en Santo Pola, en Jacarilla, en Bigastro,etc y pasa en casi todos los municipios pequeños. Es imposible que ese urbanismo sea imparcial, ajustado a la ley y que no excite los naturales instintos de la zorra metida en el gallinero de comerse apetitosas plusvalias públicas de urbanismo.

Concluyo: Los arquitectos juegan un papel determinante en el proceso constructor. Son los únicos que saben además de arquitectura, derecho urbanístico. Los primeros paladines de legalidad deben ser los políticos. Pero quien puede argumentar y sostener esa rectitud es el arquitecto. Si flaquean todos los demás, el arquitecto puede salvar la nave de la ley y del interés público general, además del honor de la profesión. Si el arquitecto comete marrullerías, todos los demás se lavarán las manos...será la excusa perfecta. El arquitecto vende sus servicios al promotor, al Estado titular de la función pública del urbanismo, y al consumidor final que es el pueblo de ciudadanos de quien emana la ley. El adquirente-comprador, y hasta el mero ciudadano en general, es consumidor final. Y AECU es una asociación de consumidores inscrita con ámbito nacional nº 505.131. Puede representar y actuar en nombre de sus asociados, e incluso del consumidor de urbanismo en general, aunque no sean socios, y no necesita poder notarial para acreditar tal representación. Sin embargo hemos comprobado en 17 años de experiencia que los arquitectos y el colegio ningunean al consumidor final y a la Asociación, no consideran al comprador como consumidor y afectado final, no atienden sus reclamaciones; a menudo ni siguiera dan a conocer al consumidor su nombre, apellidos y domicilio profesional como ordena el RD 515/89. Cuando el comprador queda convertido además en promotor, el arquitecto lo suele ignorar totalmente, no respeta su voluntad e instrucciones. No suelen visitar bastante la obra, no llevan al dia el libro de visitas, no responden debidamente cuando se reclaman defectos, se resisten a entregar los datos y documentos que manda el RD 515/89. Y el aparejador está obligado a controlar y dirigir la correcta ejecución de la obra, lo cual supone mucha mayor presencia en la obra de lo que suele ser usual. Y ambos técnicos deben conocer, cumplir y hacer cumplir la legalidad urbanística. Ellos conocen mejor que el constructor y que el comprador los requisitos legales, los deberes y derechos del promotor, del constructor, de ambos técnicos y del consumidor final. Deberían ser garantía de legalidad y buen hacer para el usuario, y a menudo son lo contrario. AECU solicita en conclusión de los Arquitectos y de sus Colegios que estas anomalías se comprueben, se eviten en el futuro, y que cuando un consumidor o AECU denuncie la actuación de un arquitecto director de obra o de un aparejador, nos atiendan, sin poner trabas, se oiga a las dos partes en audiencia contradictoria donde se exhiban pruebas , argumentos o hechos objetivos. Esta via nos llevaría a facilitar información reciproca, más completa y contrastada e incluso a una solución arbitral de controversias de forma dialogada, agil y gratuita. Sería lo mejor para todos.

Fin


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