Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo

Europäische Vereinigung zum Schutz der Konsumenten,
spezialisiert auf Urbanismus

European Association to protect the Consumers, specialized of Urbanisme


URBAMISMO: Partidos Políticos y Programas (16-2-07)

AECU es la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo. Conoce el urbanismo practicado en la Vega Baja alicantina desde 1968. Todos los Partidos Políticos preparan ahora sus programas electorales. En todos hay casos de corrupción urbanística. AECU pedirá reunión con todos los Partidos para exponer los principales problemas reales que sufre el consumidor de urbanismo.

El PP es el principal valedor del urbanismo insostenible; el que tiene más casos de corrupción, y además su legislación y política urbanística es la fuente y mejor patente de corso para los infractores. Su filosofía de ordenación del territorio y urbanismo es en esencia la del “pocero”: todo el suelo debe ser urbanizable y tener un precio urbanístico (no rústico), salvo raros casos de especial protección. Cree que el dueño puede hacer en su finca lo que quiera; que el urbanismo es un negocio privado, muy acorde con una economía ultraliberal sin frenos. Cualquier control o regulación severa sería intervencionismo, pura confiscación. Por eso los Alcaldes del PP dejan edificar en zonas verdes, en ramblas públicas, en zonas de servidumbre, en dominio publico costero, en bosques protegidos, no protegen el patrimonio municipal del suelo, no exigen las cesiones de suelo obligatorias, no ejecutan los avales, los devuelven; exigen al comprador (no al promotor) que realice las obras de urbanización no ejecutadas por aquel; permutan o revenden suelo público a precio de ganga. Es decir, ceban a especuladores privados con recursos públicos. Para ellos eso es libre mercado, y el urbanismo es el motor de la economía. Sólo importa el negocio y el dinero. Es el negocio más rápido y rentable donde los “listos” saben cómo embolsarse enormes beneficios apropiándose del 100% de plusvalías públicas incluso sin invertir un euro y ahorrando gastos propios de toda empresa. En vez de impedir generar y apropiarse esas plusvalías por unos pocos, proponen fomentar más suelo urbanizable, más plusvalías y repartirlas entre más. Es el urbanismo del promotor, decidido por particulares, guiado por el lucro privado, destructor del medio ambiente, que no fabrica núcleos de población urbanizados e integrados, sino colmenas masificadas y desintegradas, sin servicios esenciales, sin conexión a los sistemas generales del municipio, sin salida incluso a la urbanización contigua. Desde que Fernando Cartagena se reunión (1981) con Marbella, Fuengirola y Puerto Banus hasta más del 90 de los viales se planifican como “calles privadas”; se aprueban Planes o PAIs de miles de viviendas sin garantía de agua ni energía ni de otros servicios fundamentales como correos, vigilancia y seguridad ciudadana. A muchas urbanizaciones no pueden acceder las ambulancias, ni la policía pues son calles privatizadas y oscuras, sin alumbrado público. No se produce casi nunca el acto formal de terminación, entrega y recepción oficial de la nueva urbanización, que queda durante generaciones en un limbo en manos de los adquirentes consumidores a quienes el administrador de fincas propuesto por el promotor les carga los costes de terminación, reparación y mantenimiento de por vida como si fueran “gastos de comunidad”. O el propio promotor se inventa e impone una “Entidad urbanística de Conservación”, o unos Estatutos, como camisa de fuerza para cargar de por vida a los compradores todos los costes de mantenimiento y reservarse el negocio de los servicios que precise el nuevo núcleo urbano, a prestar en régimen de monopolio y exclusividad por el promotor y su clan. Ejemplo último conocido por AECU en enero 2007: Polaris World en Murcia. Finalmente el precio de venta es un precio especulativo, se vende a 100 lo que (sumando costes, gastos incluibles y 20% de beneficio comercial) sólo valdría 40 o 50, pues cobran al comprador cantidades que debe pagar el vendedor como gastos de titulación, plusvalía, escritura matriz, acometidas, obras de urbanización como aceras,etc,. Cobran hasta la Cédula de habitabilidad (que a menudo no entregan), y el contador de agua y de luz, que después Iberdrola y Aquagest cobran en concepto de “alquiler de equipo” ( 2 € por factura ) como si fueran suyos. Además inflan los precios, incluyendo como costes la enorme plusvalía del terreno producida por el acto de aprobación municipal, y que lejos de ser coste es o precio especulativo ilícito o un estímulo que la ley y el poder publico regala al promotor a condición de que devuelva una parte de esa plusvalía pública a la comunidad en forma de ejecución o pago de las obras de urbanización y de cesiones obligatorias de aprovechamientos o de terreno para viales, para escuela, para centro de salud, para centro social, para patrimonio público del suelo, para VPO, etc. En una fabrica de camisas todo lo invertido por el empresario son costes, que sumados al margen de beneficio previsto, determinan el precio de venta. Pero en urbanismo eso no es así. Sin contar que no suelen terminar varias infraestructuras y obras de urbanización, que deberá reparar o ejecutar el adquirente a su costa o el Ayuntamiento con dinero de los vecinos nuevamente expoliados. El expolio (a Hacienda) culmina al declarar en Escritura sólo un 40 a 70% del precio realmente pagado y pactado en contrato privado. Los Bancos colaboran en esa ocultación del 30-60% de ese dinero negro o sucio. Tal es el negocio urbanístico incubado por el PP: una maquina de especular rápida, fácil, casi impune; un abuso, un fraude, con muchos rasgos de mafia que irán minando nuestra sociedad democrática si no se remedia.

El PSOE tiene casi tantos casos de ediles imputables por urbanismo ilegal como el PP. En la práctica urbanística se diferencian poco. Pero en la teoría (legislación y política urbanística) hay una diferencia radical. Por eso conviene exigir al PS un golpe de autoridad para restablecer un urbanismo público, legal, sostenible y transparente, y de más real y efectivo control por el ciudadano y las asociaciones interesadas. Exigirlo al PP, parece inútil y contrario a su ideología. En cambio el PS admite que no todo el suelo debe ser urbanizable, sabe que las plusvalías del urbanismo son públicas y obliga a devolver una parte a la sociedad (en forma de ejecución o pago de las obras de urbanización, de cesión de suelo, devolución de parte de plusvalía) aunque se permite la iniciativa privada con suficientes facultades y garantía de negocio lícito (apropiarse de un 75% del negocio, que ya es bastante). Es un urbanismo público, sostenible, respeta mejor el medio ambiente, admite más participación y control ciudadano, obliga a cesiones de suelo y a revertir plusvalías. El urbanismo lo dirige el Estado porque es una función pública, con una temible y duradera repercusión en todos los demás aspectos de la vida económica y social. El urbanismo no es cosa de particulares, ni de “poceros”ni de sedicentes promotores que realmente no son tales, y que defraudan, hacen competencia desleal y economía submergida.

En Izquierda Unida también hay algunos ediles corruptos. Pocos. Porque son menos. Y porque su ideología es en esto más honesta, más consecuente y menos proclive a la corrupción. Pero el negocio urbanístico tienta a todos. Su política urbanística coincide con la socialista, pero va más allá.

AECU quiere agitar el tema y sacudir las conciencias para reformar las leyes y frenar la especulación urbanística en favor del consumidor y del ciudadano en general. Pide un urbanismo entendido como función pública; con iniciativa y colaboración privada, pero sujeta a las leyes y a los planes; las plusvalías urbanísticas las genera el Ayuntamiento al aprobar el Plan calificando o recalificando un suelo como urbanizable; por eso parte de las plusvalías deben revertir a la comunidad que las generó; suelo urbanizable sólo el necesario para un crecimiento y desarrollo sostenible de cada población y previa garantía por el promotor de suministro de agua, energía y demás servicios exigibles; todo promotor/urbanizador debe ser obligado a urbanizar totalmente y a su costa antes de edificar o simultáneamente, no después o nunca; y obligado a realizar el acto formal de notificar al Ayuntamiento la terminación y entregar la urbanización, para que el Ayuntamiento tramite su recepción oficial, previa inspección técnica y exigencia de total y completa terminación o subsanación de deficiencias que existan. Esto en la Comunidad Valenciana se hace raramente, Sr. Pons. Se debería además exigir al Promotor y Ayuntamientos como requisito para escriturar que el Promotor-vendedor presente antes de acudir al Notario la Cédula de Habitabilidad (que presupone Certificado Final de obra del arquitecto, o Acta notarial de Finalización, Boletín de Luz, Boletín de Agua, y, si son más de 20 viviendas, Certificado del técnico de telecomunicaciones). Mientras no facilite la Cedula, no debería poder vender en Escritura pública ni forzar al comprador a ocupar la vivienda (como suelen hacer), ni puede cortar o dar de baja la luz de obra y agua de obra si ya metió al comprador dentro, quedando obligado a pagar el agua y la luz (de obra) para no cargar al comprador-victima las secuelas de incumplimientos del promotor, causa de la falta de la Cédula. Por regla general los Ayuntamientos no exigen esto, y se confabulan con Iberdrola y Aquagest para imponer al comprador unos Contratos provisionales de agua y luz, inventados conjuntamente al margen de la ley vigente, con la excusa de permitir la comprador ocupar la vivienda, pero cuyo único fin es librar al promotor incumplidor de la carga de mantener los suministros de luz y agua de obra hasta que entregue la Cédula.

AECU exige a la Generalitat Valenciana que retire a todos estos Ayuntamientos la Delegación para otorgar Cédula de Habitabilidad y primera ocupación, por no aplicar las normas y seguir violando la legislación vigente, protegiendo así al promotor infractor en vez de exigirle que cumpla la legalidad en defensa del adquirente-consumidor y de las leyes. Ayuntamientos como El Pilar, Torrevieja, Orihuela, Los Montesinos, San Miguel, Guardamar, Catral, Almoradí, Rojales, y en general todos los que AECU conoce, están usando ese poder delegado para incumplir la normativa vigente, para ayudar al promotor y constructor a imponer al comprador las secuelas de la falta de cedula imputable únicamente a infracciones, incumplimientos o tardanzas de promotores y ayuntamientos.

Fin


  HOME