Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo

Europäische Vereinigung zum Schutz der Konsumenten,
spezialisiert auf Urbanismus

European Association to protect the Consumers, specialized of Urbanisme


RECURSO DE REPOSICIÓN de VECINOS de"LAGO AZUL", SOCIOS DE AECU firmado tambien por AECU en defensa de sus asociados.

AECU y los adquirentes-consumidores de urbanismo en Urb. Lago Azul, que suscriben, manifiestan su total rechazo al Decreto-Resolución del Sr.Alcalde y se oponen por estas razones:

1. No consta el requisito formal de la firma del Decreto por el Alcalde-Presidente. ¿Es un despiste, un subterfugio malicioso para no dar la cara, o es una chapuza más de ese Ayuntamiento de San Miguel?

2. Falta de legitimación pasiva. En el tema del agua los 24 adquirentes-consumidores del urbanismo ilegal practicado impunemente durante 15 años en Lago Azul por los Promotores y consentido y amparado de facto hasta por ambos Alcaldes y gobiernos municipales el legitimado activo es Aquagest (concesionaria) en ultima instancia el Alcalde (servicio de agua es de titularidad municipal obligatoria). El legitimado pasivo quien tenía firmado contrato con el suministrador del agua (Aguagest? u otros?). Los compradores no tienen legalmente todavía ninguna relación jurídica de suministro de agua potable domiciliaria con Aquagest ni con el Municipio y su Alcalde. Solo tiene relación jurídica contractual con el Promotor. Los adquirentes y ahora vecinos de Lago Azul solo tiene con Los Hermanos López y Promotora relación de victimas defraudas y engañadas, siendo aquellos los únicos infractores de sus compromisos y obligaciones urbanísticas legales, a quienes un alcalde decente debió aplicar su fuerza coercitiva legal, que nunca aplicó. El incumplidor e infractor (legitimado pasivo) es el Promotor. Otro infractor y responsable subsidiario es el propio Alcalde como autoridad urbanística competente responsable de dejación evidente de funciones, y cómplice de facto de los especuladores, y conseguidor de los objetivos finales de éstos.

3. Promotor infractor y adquirentes son sujetos y titulares distintos, de contrato y de consumo. Y en derecho del consumo, según folleto de la propia Generalitat valenciana, ningún alcalde, ningún funcionario, ningún especulador tiene derecho a arrogarse el papel de juez y decidir cobrar al comprador de vivienda los consumos que constan a nombre de contadores y contratos del Promotor. Sin embargo es frecuente toparse con tales abusos, por ignorancia o contubernio de intereses.

4. Utilizar para extorsionar un pago indebido esa vis coercitiva legal que la ley atribuye al Alcalde huele a "via de hecho o coacción ilegítima" porque ese privilegio o facultad del Alcalde no está pensada para servir como medida de coacción legítima en supuestos ilegítimos y totalmente abusivos como es éste.

5. Podríamos pensar que el Alcalde, mal asesorado, se arriesga a incurrir en un presunto delito de amenazas y de coacciones. Amenazar con cortar el servicio básico del agua, es amenazar con un mal grave a 24 adquirentes-consumidores que han sufrido durante 13 las infracciones del promotor, las secuelas de la ilegalidad, la pasividad, complicidad y dejación de funciones del Alcalde, con graves daños y perjuicios económicos y morales cuantificables causados por promotor y Alcaldes, sin culpa alguna de los adquirentes-consumidores que son las víctimas engañadas por ambos.

6. Un Alcalde puede ser letrado o ignorante. pero ésta no tiene excusa porque dispone de asesores y juristas que conocen o deben conocer la ley. ¿Es que ignoran o incumplen o dictan actos, informes, licencias de obra, y decretos contrarios a la legalidad vigente a sabiendas? Espero que no. ¿Sería presunto delito de prevaricación?

7. Cobro indebido. (dos veces) con posible enriquecimiento injusto del promotor y pérdida de ingresos públicos. Al menos unos 20 adquirentes ya han pagado al Promotor José Antonio López Rodríguez el agua que han consumido. ¿Sabe esto el alcalde o es tan amigo del alma del promotor que no se ocupó de informarse pese a que los vecinos llevan 13 años de protestas y reclamaciones? De un total de 26 chalés, no han pagado su consumo de agua los 2 chalés propiedad del Promotor (salvo error nuestro) y otros 2 propiedad de compradores defraudados. ¿Es consciente el Alcalde del PP Don Angel Sáez Huertas que está forzando a pagar por segunda vez lo que casi todos ya pagaron al promotor y éste se habría embolsado en vez de pagar a su vez a Aquagest ? Si lo sabía, no tendrá excusa. Y si no lo sabía, tampoco cabe excusa.

8. Agua no potable durante más de 7 años. Ni el Alcalde puede autorizar una urbanización sin agua ni el promotor puede construir sin garantizar suministro de agua potable a domicilio y a su costa. Durante 7 o más años los compradores de vivienda en Lago Azul han recibido del promotor sólo "agua de riego agrícola no potable". Pagada al Promotor un 30% más cara. ¿Y pretende ahora el Alcalde obligarnos a pagarla como si fuera potable?. No, señor. Quien debería responder, pagar e indemnizar a las victimas por 10 años de abusos y abandono es usted. Cabria una Demanda civil por daños contra el Ayuntamiento.

9. Las supuestas deudas habrían prescrito. A los 4 años sin recibir reclamación, prescriben las deudas y las infracciones urbanísticas. Y de Aquagest/Ayuntamiento no se ha recibido notificación de la presunta deuda y requerimiento de pago hasta el Decreto de 26-5-10. Por eso Promotor y cómplices anónimos en el ayuntamiento esperaron a 2001, o mejor a 2003, para fabricarse unas licencias de obra falsas aprovechando los 10 días vacíos de poder entre el cese del anterior Alcalde Antonio Costa Tovar (PSOE) y la toma de posesión del nuevo Alcalde del PP Don Ángel Sáez Huertas, aportadas a notario, Consell y registro para escriturar, inscribir, confirmar la cédula de habitabilidad. Los 20 propietarios no deben pagar deudas anteriores de agua, porque ya las pagaron al promotor. Además no era agua potable. No son los obligados o titulares o legitimados pasivos. Y parte habrían prescrito. Cabría exigirles el pago del agua que sea potable, y desde la fecha en que se formalice contrato directo entre Aquagest con cada comprador, recibiendo su contador a cero, y previas facturas detalladas, y deduciendo lo deducible.

10. Robo del contador pagado por el comprador. Los 24 adquirentes tenían ya su propio contador individual, pagado por cada uno de ellos. Aunque antes, en cabecera, hubo 2 contadores del promotor que contaban el consumo global y el promotor distribuía a cada uno de los 24 contadores-consumidores cobrándoles sin previo envío de factura alguna en regla, una suma estimada a su arbitrio a partes iguales (¿eximiendo a los dos chales del promotor?). Pues bien dos se negaron a pagarle mientras no les entregara todos los licencias y papeles legales obligatorios; se les cortó el suministro de agua, les sustrajeron el contador (fue un robo). Ahora el Decreto del Alcalde obliga a comprar otro contador y pagarlo.

11. Fraude de ley. Se comete por promotor y Alcalde cuando utilizan unas leyes (lex generalis et anterior =contrato de venta de parcela del Código Civil, y contrato de construcción del Código civil) o incluso un mero Reglamento municipal de agua potable a zonas rurales, que es norma general, anterior e inferior , para eludir la legislación urbanística y de consumo aplicable que son la ley especial y posterior de aplicación primaria y preferente (contrato de compra de vivienda con parcela a un promotor en una urbanización urbanizable y urbanizada a cargo del promotor). Ese Reglamento municipal no debería aplicarse aún a Lago Azul para eludir o burlar otras leyes de aplicación preferente porque hay lex posterior y lex specialis como la LRAU 79, LUV 188, ROGTU 476, Ley de suelo no urbanizable, Ley General de Defensa del Consumidor, RD 515/1989, el Decreto sobre Cedula de habitabilidad, y otras leyes, que son de aplicación primaria, debiendo el Alcalde obligar al promotor a cumplir sus obligaciones urbanísticas pendientes. Los problemas de Lago Azul derivan directamente de infracciones urbanísticas del Promotor y de violación de obligaciones contractuales de éste y del Alcalde frente al adquirente-consumidor de urbanismo. ¿Qué leguleyos son autores del informe-decreto-resolución del Alcalde? Deberíamos conocer sus nombres y sus informes para defendernos mejor.

12. Exigir la firma en blanco de una declaración jurada... antes de recibir, leer, valorar el contenido y alcance de lo que se firma es un abuso, un atropello, un desvarío indigno de juristas y alcaldes democráticos. AECU y sus asociados aconsejan no firmar semejante trágala. Y solicitan una reunión con el Alcalde para negociar una solución verdadera que tenga en cuenta todos los derechos del comprador, del promotor, de aquagest y del municipio. El Decreto del Alcalde es todo lo contrario.

13. Primero entregar facturas en regla sobre el consumo de agua cuyo pago se reclama a cada uno. Facturas emitidas por Aquagest, cumpliendo todos los requisitos legales (titular obligado, nº de contrato, periodo facturado, lectura anterior, lectura actual, precio del agua, indicar desde qué fecha el agua es potable, iva, y precio final total. Sin cumplir esos requisitos previos , no debería efectuarse pago alguno. Sería un abuso y una coacción injustificable.

14. ¿Pretende el Alcalde imponer "una obligación temporal y definida"?. El plazo temporal es tan indeterminado, indefinido, incierto y pende de tales elementos subjetivos que el riesgo es altísimo de dejar la duración en manos exclusivas de la buena voluntad de los infractores, del ayuntamiento y de la suerte... Esa supuesta duración temporal depende en el Decreto solo de actos y decisiones del promotor y del Alcalde. Puede durar un año o 10 años o siempre. Depende de que el promotor infractor, Alcalde, y Agente urbanizador presenten , aprueben y ejecuten en breve plazo el planeamiento y desarrollo urbanístico que falta. ¿Por qué vamos a creerles cuando ambos Promotor y Alcaldes llevan 13 años sin cumplir esas mismas obligaciones urbanísticas? El Decreto no fija ningún criterio objetivo ni otras condiciones de pago, de plazos, de compromisos a cumplir por el promotor.

15. ¿Obligarse a mantener las redes no municipales de suministro de agua desde el contador-control de cabecera hasta la propiedad de cada usuario? De eso nada. Eso es problema del Promotor. Los compradores tienen derecho a exigir del promotor y del Alcalde que se obligue a cumplir ante todo las obligaciones urbanísticas incumplidas por ambos y origen directo de todos estos problemas y abusos. Además la Ley General de Defensa de los Consumidores prohibe cargar al adquirente las secuelas de los incumplimientos, errores o fallos del promotor. ¿Defiende el Sr.Alcalde los intereses particulares del promotor infractor o el interés general de los ciudadanos reflejado en la legalidad urbanística vigente? ¿Estamos ante un Alcalde de todos o ante un conseguidor público en favor de promotores privados? El Decreto del Alcalde viene a consumar los abusos del promotor empleando una coacción ilegítima, ahorrándole al promotor los gastos de abogado y tribunales -con riesgo de perder- para hacer valer su dudoso derecho a cargar sobre el adquirente las secuelas de sus incumplimientos y los costes de conservación.

En CONCLUSION. Los adquirentes-consumidores de vivienda y urbanismo en Lago Azul y AECU, que ya en 1999 tenía ahí 14 socios, reiteran que siempre han estado y siguen estando dispuestos a pagar todo cuanto sea conforme a derecho, en particular el coste de sus consumos reales y acreditados de agua potable, pero deduciendo lo ya pagado, y los más de 7 años en que sólo han consumido agua no potable, eliminando las sumas de periodos ya prescritos, y previo recibo de facturas en regla que detallen titular del contador , nº de referencia del contrato, metros cúbicos consumidos, lectura anterior, lectura actual, precio del agua, e, iva, precio total reclamado, además de informarnos desde cuándo el agua es potable, y si promotor efectuó pagos a aquagest por concepto de agua, qué cantidad pagó, para qué periodos.

Exigimos al Alcalde:

a) que utilice sus decretos, su vis coercitiva y su privilegio de coacción legítima para fines acordes con la ley, como obligar al promotor a ejecutar y pagar a su costa las redes e infraestructuras o servicios que faltan, sean instalación, ampliación, mejora o mantenimiento, incluida la red de suministro de agua potable a Lago Azul y su conexión a la red municipal, y una depuradora o al menos una auténtica fosa aséptica común

b) que anule ese Decreto

c) que cumpla su obligación legal exigible ante los tribunales de garantizar el suministro de agua potable a domicilio, servicio municipal obligatorio, y que no se puede cobrar si no se presta(LRBRL art 18, 25 y 26)

d) que se proceda a verificar y dar de alta la instalación y contadores propio y pagado de cada usuario, extienda un contrato legal y el padrón o lista de usuarios sin cobrar deudas anteriores que deben reclamarse al promotor

e) que nos conceda una reunión para oirnos y concretar lo que conforme a ley procede hacer y ver la forma de colaborar ayuntamiento, promotor y compradores en una solución más justa y legal del problema, y

f) fijar un plazo exacto y breve para que el promotor presente el plan parcial y demás proyectos urbanísticos necesarios para terminar la urbanización , ejecución y pago de los costes a cargo del promotor o agente urbanizador con exclusión de los 24 adquirentes-consumidores de urbanismo defraudados y que en ningún caso pueden ser reconvertidos en propietarios-promotores de lo que falta por ejecutar, como pretende el promotor, porque eso sería ayudar al promotor a consumar sus infracciones y abusos, a repercutir los costes, embolsarse los beneficios y encima marcharse impune. Sería un sarcasmo. Frente a tal riesgo estamos decididos a la denuncia en prensa, al recurso de reposición, a la demanda civil por daños, al proceso contencioso administrativo (PAC 62.1.a, y 111,2), y a los procesos penales que procedan contra todos los responsables. Este escrito, de AECU y asociados que estén presentes en la Urb. Lago Azul, es distinto y complementario del que presente en su caso el Letrado Oscar García Ferrer, que tendrá un carácter más técnico y jurídico, aunque se refiere al mismo tema y mismos reclamantes. Registrado en Ayuntamiento de San Miguel de Salinas el dia 5 de Julio de 2010.

Fin


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